Los estudios en Gestión y Administración Pública empiezan a desarrollarse desde que la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, requiere la existencia de un cuerpo de profesionales encargados de las labores relativas a la gestión administrativa y financiera en las Administraciones Públicas. Por ello, la implantación de dicho cuerpo exige la formación de profesionales especialmente preparados para la función que han de cumplir en el seno de las Administraciones Públicas, del sector público y del sector privado en las tareas relacionadas con el sector público.

Las exigencias de eficacia y servicio a los intereses generales demandan, junto con la descentralización estatal, unas Administraciones modernas, ágiles, que faciliten el acceso a los servicios públicos y el ejercicio de los derechos a los ciudadanos. Todo esto, conociendo bien los procedimientos y actuaciones administrativas, buscando la vocación de servicio público y compromiso ético con un conocimiento adecuado de las políticas públicas de gestión. Debiendo incorporar, por ello, un conocimiento suficiente, pero ajustado y adecuado, de técnicas o conocimientos extrajurídicos de apoyo a las tareas públicas (informática, contabilidad, economía, derecho, sociología, etc.). En suma, los objetivos de formación se lograron en torno al funcionamiento de las organizaciones públicas especialmente, aunque sin desmerecer la capacitación para potenciar un conocimiento profesional de las empresas privadas, lo que incluye el dominio de los instrumentos tecnológicos y administrativos necesarios en ambos casos.